EL PLURAL: Cientos de personas han protestado este sábado contra la anulación de la tarjeta sanitaria de los inmigrantes que no cuentan con permiso de residencia en España, una decisión que han calificado de "apartheid sanitario" y de "xenófoba". El acto se ha celebrado contra la entrada en vigor hoy de esta medida, que afecta a más de 150.000 inmigrantes irregulares.

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Una treintena de organizaciones y colectivos de la sociedad civil, asociaciones de inmigrantes y refugiados y de defensa de los derechos humanos, agrupadas en la Red por el Derecho a tener Derechos, han convocado esta concentración frente al hospital madrileño Gregorio Marañón.

Partido Popular, Ku Klus Klan
Los asistentes han coreado proclamas como “ningún ser humano es ilegal” o “Partido Popular, Ku Klus Klan”, al tiempo que han pedido la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato. También han portado pancartas en las que se podía leer “No a las medidas discriminatorias y racistas” o “Recortes en Sanidad = muerte”.

Ejecuciones
Mientras se gritaba “no son recortes, son ejecuciones”, los asistentes han escenificado la supuesta desatención que van a sufrir a partir de ahora cayendo desfallecidos en el suelo, con la música de fondo de una ambulancia que nunca llegaba. Finalmente, han rodeado el hospital unidos por sus manos.

Cortaron el tráfico
En la calle Doctor Esquerdo, donde se ha desarrollado la concentración, el tráfico se ha visto interrumpido varias veces, por lo que los agentes de la Policía Nacional se han visto obligados a exigir a la gente que desalojara la vía, especialmente ante la imposibilidad de las ambulancias de acceder al centro sanitario.

Médicos del Mundo exigen la derogación del decreto
Mario Pérez, portavoz de Médicos del Mundo, ha exigido, en declaraciones a EFE, la derogación del decreto porque vulnera el derecho a la salud, además de advertir de que “se van a colapsar las urgencias” ahora que los inmigrantes irregulares no tienen otro lugar al que acudir, generando “gasto en lugar de ahorro”. Para este médico, las personas con enfermedades graves quedarán abocadas a una posible muerte mientras que las que tienen infecciones llegarán tarde a las urgencias, con el consiguiente daño para la salud de la población general.

Dirigentes del PSOE e Izquierda Unida
A la protesta se ha sumado la secretaria ejecutiva de Cooperación e Inmigración del PSOE, Marisol Pérez, quien ha solicitado al Ejecutivo que “rectifique” y ponga fin a este “apartheid sanitario”, que ha tachado de “cruel, inhumano e ineficaz”, ya que, a su juicio, no reportará ningún beneficio económico a la Sanidad pública.

Diputados de IU en la Asamblea de Madrid, como el portavoz de Inmigración, Mauricio Valiente, han denunciado que “se va a privar a una parte de la población que vive en el Estado Español de un derecho humano fundamental”.

Ambos dirigentes políticos se han referido a que el Gobierno debe tomar nota de la “rebeldía” de las comunidades autónomas ante esta decisión, incluidas algunas gobernadas por el PP, y devolver a la Sanidad pública su carácter de “universal y gratuita”.