Transcribimos la carta al director de EL PAIS enviada por Javier Perfecto Ejarque, médico de familia y vicepresidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina Familiar y Comunitaria.

El pasado 10 de agosto, el Consejo General de la Abogacía Española reitera en un informe que la atención sanitaria a la persona no está ligada con la residencia legal de la misma. Además, el real decreto de sostenibilidad sanitaria que el Gobierno español pretende poner en marcha por el que dan de baja las tarjetas sanitarias de todas las personas en España en situación “irregular” incumple los estatutos de autonomía de Andalucía, Aragón, País Vasco y Cataluña, además de entrar en conflicto con un derecho humano básico como es la atención a la salud.

Los médicos de familia españoles, a propuesta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, estamos solicitando en nuestras respectivas comunidades autónomas el derecho a la objeción de conciencia y poder seguir atendiendo a estas personas. Hasta ahora, el Gobierno y las consejerías solo dan “recomendaciones”, algunas muy duras, de forma verbal, pero nunca por escrito, porque en el fondo dudan de la legalidad de la medida.

Estamos asistiendo a un proceso de desmantelamiento del sistema público sanitario hasta ahora universal hacia otro en el que priman intereses mercantilistas ante, cuando menos, el silencio de muchas organizaciones. Los profesionales de la salud y los ciudadanos tenemos que levantar la bandera de la “grandeza” frente a la “miseria” de gran parte de la clase política.— Javier Perfecto Ejarque. Médico de familia y vicepresidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina Familiar y Comunitaria.