Gaceta Médica: La sanidad sigue siendo una de las principales áreas de interés para los ciudadanos españoles y también una fuente notable de quejas que a lo largo del año pasado llegaron a la oficina del Defensor del Pueblo, una institución que recae en Francisco Fernández Marugán y que ha publicado recientemente el informe que recoge su actividad en 2017.

En el ámbito sanitario, los ciudadanos se quejaron principalmente de la carencia de servicios o especialidades, la falta de medios personales y materiales y los problemas en edificios e infraestructuras. Asimismo, el año pasado la institución se interesó por las listas de espera para la realización de pruebas, consultas externas e intervenciones quirúrgicas.

El copago sanitario centró también el trabajo del Defensor del Pueblo, que recomendó al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que modifique la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos, para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan.

Otras actuaciones destacadas en este campo tuvieron que ver con la falta de suministro de algunos medicamentos, así como con disfunciones y retrasos en el transporte sanitario y la atención a las personas celiacas, entre otros colectivos con necesidades especiales. Además, a lo largo de 2017 el Defensor del Pueblo analizó también la actuación de las administraciones en lo relativo a la atención a la salud mental, donde la insuficiencia estructural de recursos humanos y materiales se traduce en una pobre respuesta a la fuerte demanda existente.

En términos generales, desde la institución remarcan que los ciudadanos trasladaron al Defensor del Pueblo su preocupación por la mala prestación de determinados servicios públicos y por los efectos de la crisis en derechos sociales y prestaciones. En palabras de Fernández Marugán, el año pasado “vigilamos con atención, y seguiremos haciéndolo en 2018, el funcionamiento de los servicios públicos”.

En 2017 la oficina tramitó un total de 25.776 expedientes, entre quejas (24.976), investigaciones de oficio (760) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40).