Los extranjeros que se encuentran en situación irregular en España siguen a la espera de que se concrete su acceso universal a la sanidad. El Congreso convalidó en septiembre el decreto ley aprobado en julio por el Gobierno para garantizar esta asistencia sanitaria, pero ahora se está tramitando como ley en el Congreso. Y, mientras tanto, organizaciones como Médicos del Mundo, Yo Sí Sanidad Universal y Médicos sin Fronteras, entre otros, denuncian quejas de personas en situación irregular que no son atendidas.

Una de ellas es Mayllén, una médica venezolana de 29 años que llegó a España a primeros de septiembre y pidió asilo político. Está embarazada y necesitaba control médico. Incluso con las restricciones que impuso el PP a la atención a los extranjeros en situación irregular en 2012, deberían haberla atendido debido a su estado, como debe hacerse con las urgencias y los menores. Pero denegaron la asistencia cuando fue al ambulatorio del distrito de Retiro, en Madrid. “Durante 90 días me toman por turista [cuya atención debe estar cubierta si no son comunitarios por un seguro de viaje], cuando estoy pidiendo asilo y no puedo volver a mi país”, relata. Al final, una asesora de la ONG la acompañó y consiguió que le asignaran un código de transeúnte para ser atendida.

Reder, la red de denuncia y resistencia al decreto que les negó la sanidad universal en 2012, ha recopilado más de 100 casos recientes en toda España. Pablo Iglesias, de la ONG Médicos del Mundo, que participa en esta red, explica que esta situación es excepcional y cree que el problema puede estar en la formulación del decreto ley de septiembre. El texto establece en su artículo 3 que “las comunidades fijarán el procedimiento para la solicitud y expedición del documento certificativo que acredite a las personas extranjeras para poder recibir la prestación”. Y que “si se encuentran en situación de estancia temporal, sea preceptiva la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales competentes en las comunidades autónomas”.

Es decir, que son las autonomías las que establecen cómo se les acredita. Si llevan menos de 90 días en el país se les puede considerar residentes temporales o transeúntes, pero eso no quiere decir que no tengan acceso a la sanidad, sino que deberán recibir un informe de los servicios sociales.

A Susana, también un nombre ficticio, le sucedió algo similar a lo que le ocurrió a Ángela. Es venezolana y tiene 52 años. Llegó a España el 21 de junio y acudió a un centro de salud de Hortaleza, en Madrid, donde está empadronada, para inscribirse en el sistema sanitario, cuenta por teléfono. Es asmática y quiere estar prevenida ante posibles ataques, pero le dijeron que no la atenderían. Se desconoce cuántas personas se encuentran en esta situación porque no tienen documentos. El Ministerio del Interior reconoce que han entrado 48.669 personas de manera irregular entre el 1 de enero y el 15 de octubre. Se suman a los 28.572 que llegaron en 2017.

“El empadronamiento ha sido desde siempre una barrera insalvable para muchos”, afirma Iglesias, quien propone que, además, sirvan otras acreditaciones, como el de escolarización de los hijos e incluso declaraciones juradas de los vecinos. “Mientras tanto, estas personas estarán en un vacío legal”, zanja.