A la luz de los últimos datos del boletín de registro de personal del Ministerio de Hacienda, con fecha de enero de 2017 la docencia ha recobrado 25.513 ocupados. Y la sanidad, 15.044 efectivos. Es decir, se han restablecido los niveles de plantilla que había en 2008 y 2009, justo cuando comenzó la crisis.

Los recortes en estos dos ámbitos, sin embargo, empezaron bastante más tarde que en el resto de sectores. Entre 2009 y 2011, las comunidades todavía recibieron más fondos a pesar de que la crisis hundía la recaudación tributaria. El sistema de financiación proporciona los recursos a las comunidades con retraso. Las liquidaciones definitivas se saldan dos años más tarde. Y eso provocó que los ingresos de las autonomías siguiesen creciendo en medio de la recesión y que, por lo tanto, las plantillas siguieran aumentando. Hasta 2012, año en el que se alcanzó el pico de personal. Entonces el Gobierno aprobó tres decretos que permitieron recortar efectivos.

Por esa razón, la Autoridad Fiscal ha defendido que se intente valorar cuáles son las necesidades reales de gasto. Al principio, cuando se cedieron las competencias, se hizo un cálculo del coste estándar de dar el servicio. Así que se podría volver a algo así para determinar qué es razonable. De lo contrario, los expertos señalan que todas las negociaciones sobre financiación de las comunidades acaban siempre subiendo los recursos.

Los sindicatos no hacen la misma lectura. “Para nosotros la recuperación no es suficiente”, afirma un portavoz de CSIF, sindicato mayoritario en la función pública. “Si se miran las cifras se ve que ha habido un serio deterioro en políticas de personal y eso se ha trasladado a los servicios básicos del estado del bienestar que reciben los ciudadanos. No sobran maestros ni sobran sanitarios, sino todo lo contrario. Un ejemplo son las listas de espera quirúrgicas”, añade.

“En educación, hemos recuperado algo más de la mitad de los empleos pero ha sido con empleo precario, temporal, con interinos a veces contratados a media jornada o a un tercio de jornada. La primera consecuencia de los recortes es que uno de cada cuatro profesores están en situación de temporalidad”, afirma Francisco García, secretario general de Enseñanza de CC OO.

La segunda, añade, es el efecto en el sistema educativo: “Hemos perdido calidad y equidad. Las ratios de alumnos por profesor han crecido cinco veces más en la pública que en la privada. En los grandes núcleos urbanos, las ratios en secundaria han vuelto a cifras de finales de los ochenta y principios de los noventa, con tres, cuatro y hasta cinco alumnos más por clase de media”. Los alumnos con más dificultades también sufren los recortes: “Las medidas de atención a la diversidad, como los grupos de refuerzo o las horas de desdoble en lengua y matemáticas se han reducido drásticamente o han desaparecido”, señala García.

Estas críticas han provocado que el Gobierno haya acordado un plan para reducir la temporalidad y permitirá a las comunidades elevar la oferta de empleo.