EL PAÍS: Los pacientes españoles, igual que todos los europeos, ya pueden reclamar su derecho a elegir libremente en qué país tratarse de sus dolencias. El Consejo de Ministros aprobó este viernes el real decreto con el que se traslada a la legislación española la directiva de la Unión Europea que regula los derechos de los pacientes en lo que se conoce como asistencia sanitaria transfronteriza. Los ciudadanos deberán adelantar el pago de los servicios sanitarios que reciban, pero después podrán solicitar el reembolso a su país de origen. Esa es la esencia, el espíritu de la directiva: dar libertad para desplazarse a otro Estado con el propósito expreso de recibir asistencia sanitaria —las urgencias ya estaban cubiertas mediante tarjeta sanitaria europea—.

 PÚBLICO: La empresa José Manuel Pascual Pascual Gestión Hospitalaria, la mayor entidad sanitaria privada de la región, ha declarado una guerra abierta a la Junta de Andalucía para conservar las condiciones económicas del que también es el concierto más importante de la sanidad pública andaluza. El último acuerdo, vigente desde 2011, expiró el 31 de enero ante el desencuentro de las partes. Aunque la Consejería de Salud ha garantizado la renovación del convenio, los más de 2.000 trabajadores de Pascual, tensionados por los mensajes de la dirección, han iniciado movilizaciones por el temor a perder sus empleos si la Junta deja de derivar pacientes a sus seis clínicas.

 EL PLURAL: El Hospital de La Paz, uno de los centros públicos de referencia en la Comunidad de Madrid, se negó a practicar un aborto a una embarazada de 20 semanas que había sufrido la pérdida del líquido amniótico por rotura de la bolsa, a pesar de que los médicos reconocieron que el feto era inviable y que la madre corría peligro de una grave infección.