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Ambulancias en estado crítico

EL PAÍS: “Llevamos pacientes, no bacalao. Al llevar las furgonetas [adaptadas como ambulancias] su suspensión con ballestas y no amortiguadores, tengo que sedar a los pacientes con lesiones medulares para que así aguanten los baches del trayecto porque se mueren de los dolores”.


El testimonio de una médica extremeña que pide el anonimato ilustra la precariedad que afecta al transporte sanitario en varias comunidades autónomas. El problema es de partida. Cuando estalló la crisis, las empresas, con gran dependencia de las Administraciones, comenzaron a tirar sus ofertas a la baja para lograr los contratos con pliegos también a la baja. Y esas rebajas inéditas han traído consecuencias para los pacientes, que sufren en ocasiones traslados preñados de calamidades, y también para los conductores y técnicos empleados, miles de ellos con contratos en prácticas pese a atesorar años de experiencia. El pasado sábado arrancó la huelga de los conductores de ambulancias en Galicia, donde ardió un vehículo, y en los próximos días los trabajadores del servicio en Álava decidirán si van a la huelga por el “deplorable” estado de las ambulancias, denuncian los sindicatos.

El estado crítico del servicio tras tanto recorte en el gasto público sanitario se acusa también en comunidades como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura o Cantabria. La tijera no solo ha mermado las condiciones de sus 30.000 empleados en todo el país, conductores pero a la vez técnicos sanitarios formados para ayudar a médicos y enfermeros. “Tengo un hijo con una discapacidad del 91% y he llegado a esperar hasta seis horas a la ambulancia colectiva que recorre hospitales por todo Madrid”, cuenta con hartazgo Encarna Muñoz, vecina de Yunquera de Henares (Guadalajara). El Gobierno manchego defiende la calidad del servicio y se apoya en que un 98,4% de los usuarios encuestados considera el servicio prestado como “bueno o aceptable”, mientras que solo un 1,6% lo califica de “malo”.

A pesar de que los problemas hace años que afectan a los usuarios —retrasos, incomodidades, peligros potenciales por mal equipamiento—, el Gobierno de Baleares ha sido el único que la primavera pasada revirtió el modelo de concesión a empresas privadas y creó una empresa pública con 60 vehículos y 304 empleados para controlar la calidad de la asistencia a los enfermos programados. “Teníamos muchísimas quejas y nos planteamos que no tenía sentido externalizar un servicio permanente y esencial. A nadie se le ocurriría externalizar las urgencias de un hospital. Hicimos números, vimos que no era disparatado y el año que llevamos nos ha dado la razón”, describe Manuel Palomino, secretario general del Servicio de Salud balear, cuyo departamento acaba de instalar una nueva herramienta de control permanente de la flota de vehículos para medir sus tiempos y la prestación de servicios. “Ahora sí que veremos de verdad cómo está”, subraya.

En el otro extremo del país, el transporte sanitario gallego vive bajo la amenaza de que dentro de dos meses no haya ambulancias porque las empresas van de cabeza a la quiebra. “Un panorama tan feo no lo hemos tenido antes”, admite José Flores, director del 061 gallego. La Xunta sacará el próximo otoño otro concurso “con mejoras económicas sustanciales que cumpla las expectativas del sector”, según Flores, pero algunos de los 11 empresarios que tienen la actual concesión ya han avisado de que acudirán a concurso de acreedores el 31 de marzo si el Gobierno gallego no les ofrece antes una solución. Tras tres años de gestión del transporte, las cuentas no les salen, alegan. Flores duda: “No sé si entonces [en 2014] la Xunta apretó demasiado a las empresas. Ahora hay una nueva tendencia que no hemos valorado”, dice sobre el ejemplo balear de revertir la concesión a empresas privadas.

Las quejas de los pacientes son infinitas: “En Guadalajara las ambulancias van sin calefacción. Me contestaron que adjuntaban las facturas del arreglo, pero me mintieron claramente porque volví a montarme en las mismas furgonetas, tenía las matrículas apuntadas. Ven impunidad y hacen lo que quieren”, dice Javier Franco, enfermo de Sigüenza en tratamiento de diálisis, sobre el servicio de la empresa Servicios Sociosanitarios Generales (SSG). Este diario ha intentado sin éxito recabar la opinión de algún responsable de esta firma sevillana, criticada por la oposición manchega, que tildó de “esclavitud” las condiciones de la plantilla. La Consejería de Sanidad de esta comunidad alega que en el último año y medio ha realizado 1,1 millones de servicios y solo recibió 582 reclamaciones, un 0,053% del total.

Deterioro en Extremadura

El servicio de ambulancias prestado en Extremadura ha sufrido un bajón de calidad el último año, según denuncian los sindicatos e ilustran las sanciones de 600.000 euros que la Junta extremeña ha impuesto a la firma Ambulancias Tenorio por dotación precaria de los vehículos.

La facultativa antes citada ironiza: “El ruido es insufrible y en ocasiones llegamos a 45 grados con pacientes críticos. El rellenado de las botellas de oxígeno, sin etiquetar, puede venir contaminado porque lo hacen ellos. Desde que está Tenorio la precariedad es aplastante, pero mandamos escritos a los servicios centrales y hacen caso omiso. Es de juzgado de guardia”, censura.

Las carencias de las ambulancias en esta comunidad son múltiples: sin aire acondicionado ni emisora portátil, sin suspensión adecuada para transporte medicalizado, y con la botella de oxígeno dentro y no fuera de la furgoneta, lo que conlleva un riesgo de explosión. A pesar de la gravedad de las sanciones impuestas, el Gobierno autónomo defiende la calidad del transporte sanitario y quita hierro al incumplimiento en el etiquetado de las botellas, admitido esta semana por la empresa. “Se ha debido a un problema logístico”, admite Antonio Serna, director territorial para Extremadura. Dos días después de la llamada de este diario y tras 15 meses de servicio, la empresa envió este jueves una circular a sus empleados para eliminar las bombonas sin etiquetar de sus ambulancias.

Esta situación ha provocado que algunos enfermos hayan respirado supuestamente aire medicinal sin control sanitario en vez del que está perfectamente envasado con sus precintos de calidad para el consumo (filtrado, purificado y enfriado) en las 400 ambulancias que el último año han cubierto sus desplazamientos. Las bombonas de carburo metálico con oxígeno y que cumplen el control de calidad estipulado por ley solo han estado garantizadas en los 18 vehículos para pacientes críticos, confirman los médicos de emergencias. Todo para, presuntamente, ahorrarse el coste de estas últimas bombonas en traslados de pacientes renales y oncológicos, entre otros.

Ceciliano Franco, director gerente del Servicio Extremeño de Salud, afirmó la semana pasada: “El de las botellas sin precintar es un tema muy grave y si se confirma estudiaremos rescindir el contrato”. Días después, matizó: “Las bombonas sin etiquetar contienen oxígeno, por lo que es un tema administrativo y no de salud pública”.

Franco asegura que su departamento desconocía las irregularidades hasta el pasado noviembre, pero correos electrónicos remitidos al área de Atención Primaria en 2017 desvelan cómo la falta de etiquetado y control sanitario de las bombonas ya fue denunciado por médicos de los servicios de emergencias en noviembre de 2017. Meses más tarde, los 18 facultativos coordinadores de emergencias trasladaron la alarma a la responsable de dicha área, Manuela Rubio.

Sin embargo, la Guardia Civil ha multado en varias ocasiones a la firma sevillana por transporte ilegal de decenas de bombonas de aire sin precinto en ambulancias, confirman fuentes del instituto armado. El testimonio del extrabajador José Luis Gómez resulta revelador:“Yo he hecho el trabajo sucio de la empresa: en viajes clandestinos traía decenas de botellas sin precinto y rellenadas de aire en una máquina de una nave de Sevilla. Era todo ilegal, pero me amenazaban con el despido y en casa solo entraba mi sueldo. Lo hice unas seis veces, hasta que el 7 de enero me paró la Guardia Civil”.

Gómez, contratado en prácticas pese a 18 años de experiencia acreditada y con un sueldo de 756 euros, ha perdido el miedo tras ser despedido hace un mes. Pero también lo han perdido sus compañeros Javier Sevilla y Antonio Baños, que siguen en plantilla. Han visto demasiadas irregularidades, explican. “Te levantas a las cinco para trabajar y son las ocho de la tarde y estás todavía al volante, con el riesgo para todos, empleados y pacientes”, alega Sevilla. “Son zombis vivientes”, remata Francisco Fernández, del sindicato CSIF. Por su parte, la central USO ha denunciado de manera gráfica los incumplimientos de las ambulancias en vídeos como este.

La Inspección de Trabajo tramita una denuncia por fraude a la Seguridad Social en los contratos en prácticas de decenas de trabajadores de Ambulancias Tenorio desde hace seis meses. De momento, sin resultados. El pasado viernes a las 11.30, en la puerta de Urgencias del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, el conductor de la primera ambulancia aparcada enseñaba sus ruedas gastadas, casi lisas. Desde fuera se veían las botellas sin etiquetar en el interior.

Gómez acudirá a la Asamblea de Extremadura para comparecer como testigo ante la Comisión de Investigación que analizó la adjudicación del servicio y CSIF estudia denunciar su caso ante la justicia. “Por suerte tengo fotos y vídeos de todo lo que hacía, todo el trapicheo con bombonas, aceite, pastillas de freno, gasoil y neumáticos en la ambulancia. Estoy dispuesto a contárselo a un juez”, avanza Gómez.

Concursos a la baja con miles de contratos en prácticas

La mayoría de concursos públicos para el transporte sanitario se ganan a la baja. Si el extremeño salió con un presupuesto base de licitación de 138 millones por cuatro años, se otorgó en 122 millones; el gallego se fijó en 121 millones y se adjudicó por 115 millones; y el cántabro salió en 48 y se otorgó en 45 millones.

Gustavo Peña, coordinador nacional del sindicato USO, reflexiona: “La Administración licita y solo mira el mejor precio. Se olvida de fiscalizar a las empresas ganadoras, que abusan de los contratos en prácticas por 700 euros mensuales”. Esta modalidad de contrato está extendida en el sector y miles de los trabajadores son despedidos después de los dos años supuestamente en periodo de formación a pesar de realizar funciones estructurales, denuncian los sindicatos.

La patronal avisa contra el ejemplo del Ejecutivo de Francina Armengol. “Lo que ha hecho Baleares no se ajusta a derecho y este sector siempre ha sido privado y con concierto. En tres años los trabajadores tendrán que aprobar oposiciones, veremos cómo acaba esto”, advierte Carlos Magdaleno, presidente de la patronal ANEA y de la mayor empresa del sector, Ambuibérica, con 2.000 vehículos. 30 ambulancias de su flota resultaron calcinadas el pasado mayo en Bizkaia por el conflicto enquistado tras ganar Ambuibérica la concesión de esa provincia.


 

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