elDiario.es: Hace siete años, el gobierno de la Junta de Andalucía, en manos entonces del PSOE-A, veía cómo una marea blanca de miles de ciudadanos se manifestaba en las calles para denunciar el estado de la sanidad pública. Poco antes, todo había comenzado con una marcha de 50.000 personas, convocada por 'Spiriman', alzando la voz en Granada contra la fusión hospitalaria. Aquellas movilizaciones, que muchos sitúan como punto de inflexión definitivo que terminaría por expulsar luego a los socialistas del poder tras casi cuatro décadas al dejar trastocada la denominada 'joya de la corona' de la Junta, acabaron con dos dimisiones el 31 de enero de 2017. Pero los matices hacen diferentes ambos casos, y el mar de fondo de las listas de espera en Andalucía y los contratos a dedo con clínicas privadas tras dos años fuera del marco legal de la pandemia preceden a estas dimisiones de los números 2 y 3 de la sanidad pública andaluza.     

Este miércoles, en plenas navidades, a Juan Manuel Moreno le presentaron su renuncia “por motivos personales”, de acuerdo a la versión oficial, el viceconsejero de Salud y el gerente del Servicio Andaluz de Salud. Fueron exactamente los mismos cargos que renunciaron a la Junta de Susana Díaz, que confiaba así en desactivar aquella marea blanca. El entonces consejero Aquilino Alonso, tras esos ceses, tenía “toda la confianza” del Ejecutivo. Igual que ahora la tiene Catalina García: “la consejera cuenta con la confianza de todo el Consejo de Gobierno”, dijo este miércoles el portavoz de entrada al plantear el turno de preguntas a la prensa y donde venía a reconocer que los pasos “al lado” de los dimitidos obedecían a cuestiones políticas. Tanto en 2017 como en 2023 se habló y se habla de que los ceses serían precedente de “un nuevo impulso” a la sanidad pública. PSOE, Adelante Andalucía y sindicatos no han tardado en salir en tromba al hilo de estas últimas dimisiones y pedir la marcha de Catalina García, la última bala que aún le queda a Moreno en la recámara. No tiene más. En su última intervención pública, la consejera confiaba directamente a la sanidad privada el reto de dejar a cero en 2024 la lista de pacientes fuera de plazo para operarse.     

En todo caso, el telón de fondo de hace siete años era un sistema sanitario apolillado por los recortes en el gasto público que la Junta acometió tras la crisis financiera de 2008. Es cierto que la marea blanca no apareció con contundencia en aquellos años ni tampoco cuando en 2012 se pusieron en marcha las fusiones hospitalarias y la gestión unificada en el caso de gerencias compartidas como en Sevilla y Málaga. Los momentos, evidentemente, son distintos ahora que entonces, pero la verdad es que la sanidad pública andaluza es una 'enferma crónica' cuyo estado no mejora tras casi cinco años de Moreno en el cargo. “La sanidad tiene problemas, nunca lo hemos negado”, reconocía este miércoles el portavoz de Moreno, que aseguraba que desde la Junta “hemos intentado poner medidas para solucionarlo”.

“Sin tarjeta no hay receta”

Ahora, y pese a que el Gobierno del PP se había puesto en guardia ante la posibilidad de un “efecto contagio” que arrastrara hasta Andalucía las multitudinarias protestas que vivió Madrid hace algo más de un año contra el deterioro de la sanidad pública y la gestión del Ejecutivo de su compañera de partido, Isabel Díaz Ayuso, el barón de barones del PP viene viendo las orejas al lobo ante las continuas protestas de colectivos ciudadanos de defensa de la sanidad pública, partidos de izquierda y organizaciones sindicales y sociales.

A Moreno, las mareas blancas le vienen rugiendo con fuerza en su vuelta a las calles desde octubre de 2021 contra la “quiebra” de la sanidad pública andaluza. Hace un año, las movilizaciones se recrudecieron, convirtiéndose en la primera gran movilización contra su mayoría absoluta, conseguida meses antes. Y este otoño, con el mar de fondo de la espera a las listas de espera y los contratos a dedo con clínicas privadas tras dos años fuera del marco legal de la pandemia, como desveló en exclusiva elDiario.es Andalucía, las movilizaciones han resonado en las ocho capitales de provincia bajo el lema 'Nos roban la sanidad, nos quitan la vida', y otra anterior al grito de “sin tarjeta no hay receta”. Y eso que, a la espera de cómo se cierra el presente año, en 2022 se batió un récord absoluto con más de 900.000 derivaciones a la privada, hasta el punto de que se superó en un 20% el presupuesto previsto para conciertos, lo que supuso un gasto adicional de 111 millones de euros más de lo previsto.

Pese a que el presupuesto de la Consejería de Salud se había incrementado con respecto al año anterior, el Gobierno andaluz aumentó también hasta un 43% la partida para externalizar la sanidad pública y redirigir parte de la asistencia hacia la privada. Moreno venía admitiendo las cifras y se limitaba a asegurar que los conciertos son imprescindibles para aliviar las listas de espera, como ha dicho la semana pasada su consejera, escudándose además en que las partidas que se destinaban a este fin “no llegan a las cifras” de la época del PSOE. Una de las quejas expresadas por las Mareas Blancas es que Moreno (que gobierna desde enero de 2019) heredó un sistema sanitario deteriorado porque le estaban estallando las costuras, pero que desde entonces no sólo no lo ha mejorado, sino que a su juicio ha reforzado el papel del sector privado.

Emergencias y prórrogas

En esta línea caminaban las últimas decisiones de la Junta, como destinar 734 millones para derivaciones a clínicas privadas dentro y fuera de Andalucía, y otros 30 millones para que pacientes de salud mental sean atendidos fuera del circuito público, cuando hace unas semanas saltaba la polémica con las listas de espera, sin publicar durante un año y que ocultaban un aumento del 227% de andaluces fuera del plazo legal para operarse, con historias detrás de los números como las de Antonio o María José.

La semana pasada, este periódico desveló algo más: que en Andalucía se había disparado un 55% las listas de espera al revelarse que sus contratos para derivar pacientes a la privada no tenían anclaje legal. 36.000 pacientes habían rebasado el plazo máximo legal para operarse en junio -último dato publicado-, pero el Sistema Andaluz de Salud llegó a registrar 56.000 en octubre.

El repunte acelerado en esos cuatro meses se explica porque, en junio, la Junta tuvo que cancelar los contratos de emergencia con la privada que prorrogó durante dos años usando el marco legal de la pandemia ya derogado. Aquel anuncio llegó 24 horas después de que este periódico publicase que el SAS aún mantenía vigente el sistema de contratos a dedo con clínicas privadas, sin publicidad ni concurrencia competitiva. “El objetivo es que no se sigan prorrogando [los contratos de emergencia]”, confirmó el portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, a preguntas de los periodistas.