La evidencia de los recortes en el Área de Salud de Cuenca

 Las Noticias de Cuenca: La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cuenca, que tras el parón navideño ha vuelto a concentrarse este martes a las puertas del Hospital Virgen de la Luz, cifra entre un 8 y un 10 por ciento los recortes en Atención Primaria y entre un 12 y un 15 por ciento los de Atención Especializada durante los dos años y medio de Gobierno de Cospedal.


“Las cifras no son exactas puesto que la Gerencia no ofrece ningún dato”, añade la Plataforma en un comunicado en el que cifra, basándose en datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 52.000 los efectivos de la sanidad despedidos en el conjunto de España desde 2009. “El Ministerio de Hacienda”, añade, reconoce una pérdida de 25.543 profesionales solo en los años 2012 y 2013, “sin incluir los sanitarios contratados como personal laboral y eventual”.

En opinión de este colectivo, los quirófanos de los hospitales, los turnos de Atención Primaria y las Urgencias son los servicios más perjudicados por “una plantilla recortada y maltratada” que se ve obligada a asumir cada vez una mayor tarea.

Contra la Ley del Aborto

En su comunicado de este martes, la Plataforma se ha pronunciado contra la Ley del Aborto que impulsa el Ministerio de Justicia, mostrando su preocupación por la posibilidad de que la firma de los certificados necesarios para interrumpir un embarazo vaya a recaer en los profesionales de la sanidad sin que esté claro “si se destinarán más funcionarios para el nuevo y completo asesoramiento a las mujeres que quieren abortar”.

La Plataforma denuncia además una ley que ya ha levantado las críticas de determinados políticos del Partido Popular y a la que todavía le espera un largo proceso para su aprobación o no, ya que entiende que “abrirá una nueva brecha entre aquellas mujeres que por su posición económica desahogada puedan abortar en clínicas extranjeras y las que lo hagan en condiciones sanitarias deficientes y poniendo en riesgo su salud”. En este sentido, advierte de que se retrocederá “a tiempos en que parteras sin título y vecinas sin formación practicaban abortos clandestinos en cocinas o dormitorios con instrumentos caseros. De nuevo, las mujeres volvemos a ser ninguneadas y tratadas como si no tuviéramos capacidad de discernimiento propio”.

Balance negativo de 2013

La Plataforma hace asimismo un balance negativo en líneas generales de la gestión de la sanidad pública llevada a cabo a lo largo de 2013 por “ineficaces y pésimos gestores que ponen en grave peligro nuestro sistema”.

Entre otros asuntos, denuncia que las clínicas privadas hayan aumentado su negocio, con un 37 por ciento de sus 6.925 millones de ingresos procedentes de fondos públicos, así como que hayan retirado de la Cartera Básica Suplementaria a pacientes que requieren de suplementos alimenticios para celíacos o diabéticos, prótesis o transporte no urgente, quienes “tendrán que aportar una parte del precio de su bolsillo”.

También, critica la exclusión de 400 medicamentos de la financiación pública, lo que ha hecho que “muchos enfermos crónicos no estén retirando sus medicinas, según la Sociedad Española de Medicina de Familia (Semergen), o la entrada en vigor, el pasado 1 de enero, del copago en las farmacias hospitalarias.

Otro dato que preocupa a la Plataforma es el dado a conocer por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que calcula que la inversión por habitante y año en sanidad se ha reducido en 152 euros desde 2010.

El hecho de que responsables de la sanidad pública madrileña como el exconsejero Juan José Güemes, que formó parte del consejo de la empresa Unilabs que se había hecho con la adjudicación de los análisis públicos que él mismo había asignado, o Manuel Lamela, que apareció como consejero de Assignia, empresa que gestiona un hospital que había sido privatizado en los tiempos en que era consejero de Sanidad, han sido también denunciados por un colectivo que recuerda que estos dos exconsejeros han sido imputados porque su participación en las privatizaciones podría ser “constitutiva de delito”.