CC.OO.: La Justicia da la razón a CCOO de Castilla-La Mancha en el recurso contencioso-administrativo presentado contra el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regula "la contratación de la concesión de obra pública para la construcción y explotación del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo (CHUT)", en las cláusulas referidas a la gestión del personal estatutario empleado en los servicios no clínicos del Complejo Hospitalario de Toledo y de Parapléjicos. 
CCOO CLM impide la privatización de 307 trabajadores y trabajadoras del personal estatutario no clínico del Complejo Hospitalario de Toledo y de Parapléjicos, cuya "gestión funcional" pretendía ser transferida a la empresa concesionaria de la construcción y explotación del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Toledo, en sentencia de 29 de julio de 2015, anula, por no ser conformes a Derecho, seis de las siete cláusulas referidas a la gestión del citado personal. De esta forma, CCOO consigue impedir la privatización de trabajadores y trabajadoras del personal estatutario de los servicios no clínicos de los hospitales del Complejo Hospitalario de Toledo y del Hospital Nacional de Parapléjicos, impulsada por el Gobierno de Cospedal. Un total de 307 personas que ahora trabajan en el Virgen de la Salud y en Parapléjicos y cuya "gestión funcional" se pretendía transferir a la UTE encargada de la construcción, conservación y explotación del nuevo hospital de Toledo, explicaron esta mañana en rueda de prensa la secretaria regional de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO CLM, Chelo Cuadra, y el secretario general de CCOO de Toledo, Jesús García Villaraco.

CCOO CLM fue el único en presentar demanda contencioso-administrativa contra la privatización de los hospitales públicos de Toledo impulsada por el Gobierno de Cospedal, contra el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y contra la empresa concesionaria, por las numerosas ilegalidades en las que, a juicio del sindicato, incurrió el SESCAM en la redacción del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regula "la contratación de la concesión de obra pública para la construcción, conservación y explotación del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo"

Cuadra subrayó que esta sentencia es importantísima para CCOO, para los trabajadores y trabajadoras afectados y para el futuro de la sanidad pública de la región. "Da un toque al Ejecutivo anterior y a futuros gobiernos que pretendan privatizar la sanidad pública y les dice que en la privatización de la sanidad pública no vale todo, hay una serie de leyes que se deben cumplir y nadie, por mucha mayoría absoluta que tenga, puede inventarse nuevas formas de gestionarla".

La sentencia estima el recurso de CCOO CLM por entender que la empresa adjudicataria no cumple los requisitos de la legislación vigente, ya que no es una empresa pública ni está participada por el Gobierno regional. El Juzgado argumenta que la "integración del personal estatutario en la sociedad concesionaria no tiene encaje en ninguna de las formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, previstas en la Ley 15/1997, ni tampoco está amparada en la regulación establecida en el art. 90 de la Ley 14/1986, sobre conciertos con entidades sanitarias para la prestación de servicios públicos". 

El Juez llega a la conclusión de que "a través de un contrato de concesión de obra pública, cuyo objeto es poner en funcionamiento una nueva infraestructura sanitaria, se privatizan servicios de otros centros sanitarios que venían prestándose de forma directa por la Administración". Dicha privatización vulnera los derechos de los funcionarios afectados por esta modalidad de concesión ideada por el Gobierno de Cospedal, razón por la que se declara su nulidad. 

Además, la privatización pretendida por el Gobierno de Cospedal, en cuanto a este personal no clínico se refiere, es igualmente nula por tratarse de funcionarios que ganaron sus puestos de trabajo en la Administración a través de procedimientos de selección, que se desarrollaron bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Y esa condición de funcionarios de carrera no puede perderse a través de un Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de un contrato de concesión de obra pública. 

Finalmente, el Juzgado aprecia la nulidad de la externalización del personal no clínico por cuanto que el Pliego de Cláusulas Administrativas incumple el Pacto de Selección del personal temporal del SESCAM, por prescindir del régimen establecido en dicho Pacto para realizar las sustituciones temporales. 

La sanidad pública no se puede quedar en manos de una entidad que lo único que va a hacer es explotar y construir la obra de un hospital. Por tanto, los 307 trabajadores y trabajadoras de personal no clínico afectados en un principio por esta pretendida privatización, -celadores, auxiliares administrativos, personal de cocina y personal de oficios (electricistas, fontaneros, mecánicos, etc)- no pueden dejar de ser estatutarios, afirmó la responsable regional de la Federación de Sanidad.

Por último, Cuadra destacó que hace un año estábamos celebrando asambleas con los trabajadores y trabajadoras del hospital de Toledo y nos comprometimos con ellos en "llegar hasta las últimas consecuencias con este asunto y lo que hace unos días era un compromiso, hoy es una realidad".

Por su parte, García Villaraco ha recalcado "ha quedado demostrado que teníamos razón" con esta sentencia, la cual "pone patas arriba" el citado Pliego de Cláusulas Administrativas, que el Ejecutivo de García-Page tendrá que renegociar con la empresa concesionaria".

Esta sentencia será uno de los temas que CCOO abordará en la reunión que mantendrá mañana con la gerente del SESCAM y con el nuevo responsable de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, en la cual el sindicato planteará además otras de sus reivindicaciones centradas principalmente en la recuperación del empleo y de los muchos derechos laborales perdidos por parte de los trabajadores y trabajadoras y de asistencia a la ciudadanía en los últimos cuatro años.