EL PLURAL: De nada ha servido el informe jurídico que la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid entregaron a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en el que se argumentaba la posible inconstitucionalidad de la privatización de hospitales públicos y centros de salud, ni que varios partidos políticos le hayan pedido que tomara carta en el asunto, la exdiputada del PP y exvicepresidenta del Congreso durante la etapa de Aznar considera que el plan del Gobierno madrileño no es inconstitucional, aunque añade que estará “atenta a su implantación para evitar situaciones de desigualdad”.

Intervendrá si hay un deterioro del servicio
En una nota de prensa hecha pública este martes, la Defensora del Pueblo manifiesta que “los artículos 62 y 63 de la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas por los que se establece una reordenación de la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid no presentan indicios de inconstitucionalidad”.

En la resolución remitida a las personas que han solicitado la interposición de recurso contra el plan del Gobierno de Ignacio González, Becerril apunta que, “en caso de que este nuevo modelo sanitario ocasione un deterioro de la calidad del servicio, la oficina del Defensor del Pueblo intervendrá”. La exdiputada popular recuerda que “cualquier ciudadano que pueda sentir que sus derechos son lesionados tendrá a su completa disposición al Defensor del Pueblo”.

Reconoce que no conoce cómo será el proceso de contratación ni de supervisión
La Defensora del Pueblo reconoce que faltan “elementos básicos para valorar el nuevo modelo” y que ignora cómo será “el desarrollo del proceso de contratación y las normas de control y supervisión que establecerá la Comunidad de Madrid”.

Becerril está preocupada por las empresas ofertantes
Becerril no ve ningún problema en que se privatice la totalidad de la gestión de hospitales madrileños y centros de salud, incluida la gestión sanitaria. A la Defensora del Pueblo lo que le preocupa es que las empresas privadas que aspiran a ser adjudicatarias cuenten con las mismas garantías de igualdad entre ellas y que “se evite una posición dominante”

Becerril intenta tranquilizar asegurando que “seguirá con especial interés el proceso de implantación de este nuevo modelo, como las fórmulas que deben adoptarse para garantizar la mayor homogeneidad y calidad de la actividad asistencial”.

La exdiputada dijo que “entraría” en el asunto si había quejas de médicos y pacientes
En un desayuno informativo organizado por Fórum Europa con el Defensor del Pueblo Europeo, Soledad Becerril dijo en relación con el informe jurídico presentado por la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid sobre la privatización de la gestión de la sanidad madrileña que la institución que dirige “no debe entrar” a analizar la manera en la que los gobiernos gestionan las competencias sanitarias, aunque sí debe hacerlo en caso de que haya quejas de pacientes o médicos sobre el servicio.

No considera quejas ni las mareas blancas, ni los encierros de médicos
Sin embargo, la Defensora del Pueblo con su dictamen de que no existe inconstitucionalidad en el plan del Gobierno madrileño, pasa por encima de las múltiples protestas de médicos trabajadores de la sanidad y ciudadanos en general contra este modelo de gestión. Cientos de miles de madrileños se han sumado a las mareas blancas en la capital para mostrar su protesta.

El informe jurídico presentado por los médicos a Becerril considera que el denominado Plan de Medidas de Sostenibilidad de la Sanidad Pública madrileña vulnera el artículo 41 de la Constitución Española que garantiza “la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad”.