EL PAÍS: La revolución teórica en el tratamiento de la fibrilación auricular, una de las patologías cardiacas más frecuentes, ha chocado con la tozudez de los presupuestos sanitarios. Esta es la descripción de la situación que han hecho esta mañana Ignacio Fernández Lozano, presidente de la Sección de Electrofisiología y Arritmias de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y Alfonso Martín, coordinador del Grupo de Arritmias Cardiacas de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), al presentar su nuevo documento de consenso para el tratamiento de estas patologías. En concreto, se referían a que las sociedades médicas apuestan por los últimos anticoagulantes que han llegado al mercado, que, en contra de los más usados, se dan a dosis fijas y no hay que estar haciendo controles periódicos. Pero son más caros. “Son la opción preferente”, recalcó Martín, “pero hay muchas restricciones”, añadió Lozano. “No es que los médicos no quieran, es que no pueden indicarlos”, añadió el urgenciólogo.

EL DIA: Convocada por la Junta de Personal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) del Área de Guadalajara, unas 100 personas han acudido hoy al hospital de Guadalajara para protestar contra los recortes del Gobierno Regional y Central en el ámbito sanitario y de recursos humanos, “que están poniendo en serio peligro a la Sanidad como Servicio Público”.

El Huffington Post: La multitudinaria marcha que ha recorrido esta sábado las calles de Madrid ha condensado el malestar y las protestas de decenas de sectores afectados por la misma crisis, aunque los recortes les golpea de distinta manera. Ataviados cada uno con distintos colores identificativos, han hecho sonar su voz en esta Cumbre Social, acompañados por miles de camisas rojas sindicales y ciudadanos hartos de perder derechos y poder adquisitivo durante los últimos años.

PÚBLICO: Los inmigrantes ilegales que vivan en Castilla-La Mancha pagarán con creces su llegada a España en busca de una vida mejor. Una resolución publicada este jueves en el Diario Oficial de la comunidad que preside la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, establece los precios a los que deberán hacer frente los usuarios que tras la reforma sanitaria del Gobierno central no tienen derecho a la asistencia gratuita, caso de los inmigrantes sin tarjeta de residencia, unos 153.000 según el Instituto Nacional de Estadística (INE).